Día Mundial del VIH 2024

Resumen

El 1 de diciembre, Día Mundial del VIH, nos invita a reflexionar sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes en la respuesta a una epidemia que sigue cobrando vidas y perpetuando desigualdades en todo el mundo. Este año, el lema: “Sigamos el camino de los derechos, Mi salud -mi derecho!” nos recuerda que el enfrentamiento de la infección por VIH no puede desligarse de la justicia social, el respeto a los derechos humanos y el acceso equitativo a la atención sanitaria.

A nivel global, según ONUSIDA, en 2023 se registraron 1,3 millones de nuevas infecciones por VIH y cerca de 630,000 muertes relacionadas con la enfermedad. Estas cifras, aunque reflejan una disminución sostenida desde los años más críticos de la epidemia, esconden disparidades significativas. En América Latina, por ejemplo, los nuevos casos de VIH aumentaron 9% entre 2010 y 2023 (alcanzando 2,3 millones de personas que viven con VIH) mientras que a nivel global han disminuido en 39% en el mismo período.¹ Desafortunadamente, América Latina también destaca por un alto porcentaje de diagnóstico en etapas avanzadas de la enfermedad, alcanzando un tercio de la población diagnosticada, lo que se asocia con una mayor morbimortalidad asociada al virus y sus complicaciones.²

La región ha logrado solo una reducción menor en la mortalidad relacionada con el VIH, muy por debajo del promedio global. En el todo el mundo la mortalidad ha logrado bajar en 51% mientras que en nuestra región sólo 28%, lo que pone en evidencia la necesidad de reforzar las políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento con estrategias más efectivas e inclusivas.¹

Avances y desafíos en la región

Uno de los avances más prometedores en la prevención del VIH es la profilaxis preexposición (PrEP), una estrategia que, cuando se implementa de manera efectiva, puede reducir drásticamente las nuevas infecciones. No obstante, en América Latina, el acceso a PrEP sigue siendo muy limitado. En la última conferencia de la International AIDS Society (IAS), realizada en octubre de 2024 en Lima, Perú, y titulada Research for Prevention (Investigación para la Prevención), se presentaron alarmantes datos sobre el acceso a la PrEP en la región. Según las estimaciones, solo 46.000 personas de una población de 430 millones, en 16 países, teniendo acceso a esta herramienta clave para prevenir la infección por VIH.³ La inclusión de la PrEP inyectable como una opción a largo plazo representa una oportunidad crucial, pero para que estas estrategias sean exitosas, es imprescindible superar barreras de acceso, estigma y financiamiento.

En Chile, sin embargo, hay también resultados más optimistas. El país ha logrado una reducción significativa en la transmisión vertical del VIH, alcanzando tasas inferiores a 2% en los últimos tres años, llegando a 1,1% el 2023, lo que se traduce en una mayor protección para la población infantil y un ejemplo de cómo las intervenciones basadas en evidencia pueden ser efectivas. Este logro debe inspirar un compromiso renovado para abordar otros aspectos críticos de la epidemia, como garantizar el cumplimiento pleno de la Ley Nacional del SIDA (Ley 19779)⁴. Esta ley, además de garantizar el acceso universal al tratamiento, establece la asignación de presupuestos específicos para la investigación en su artículo 4^to, un aspecto que sigue siendo insuficientemente priorizado.

Los derechos como eje central

El acceso desigual a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH, particularmente entre las poblaciones clave, evidencia que la epidemia no solo es un problema sanitario, sino también una manifestación de desigualdades estructurales. Poblaciones como las personas transgénero, los hombres que tienen sexo con hombres, las y los trabajadores sexuales y las personas migrantes enfrentan mayores barreras para acceder a servicios esenciales. Estas inequidades son inaceptables y deben ser abordadas mediante un enfoque integral que integre políticas públicas inclusivas, financiamiento adecuado, y estrategias de educación y comunicación orientadas a reducir el estigma, uno de los principales desafíos actuales. Además, es fundamental garantizar la participación activa de la comunidad afectada en el diseño e implementación de las intervenciones.